En el mundo tenemos un antecedente concreto sobre protección de datos de la Unión Europea Reglamento general de protección de datos (RGPD) de la Unión Europea entró en vigencia el 24 de mayo de 2016 ,y su contenido está referido relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos, es una medida esencial para fortalecer los derechos fundamentales y las garantías de las personas en la era digital y facilitar la actividad económica, ya que aclara las normas aplicables a las empresas y los organismos públicos en el mercado único digital y creando una ley especializada se pone fin a la dispersión, y dudas sobre la resolución de los conflictos y la aplicabilidad de la norma correcta.
Nuestra garantía está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación a la custodia de la intimidad de la información por parte del Estado, preceptuado en su artículo 60, que señala “toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad, y reputación. La Ley limitará el uso de información para garantizar el honor, y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos”. En el mismo orden de ideas el artículo 28 de la contempla la figura del habeas data como el derecho de “toda persona tiene derecho a acceder a la información que sobre si misma o sobre sus bienes consten en registros públicos o privados” En otro aspecto la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, precisa en su artículo 167 que los ciudadanos tienen derecho a conocer la información que sobre ellos se refiera y esté contenida en los archivos de los bancos públicos y privados, además podrá solicitar la confidencialidad.
Otro antecedente que nos sirve de marco legislativo lo contiene la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas del año 2001, en la cual se estableció el marco conceptual y de derecho para el reconocimiento de las transacciones electrónicas, tarifando el valor legal de las mismas y las consecuencias erga omnes derivadas de éstas o de los actos generados con el uso de medios telemáticos. Esto por cuanto este tipo de trasmisiones y operaciones de tecnología de la información, son una herramienta esencial en el llamado Infogobierno, en la gestión pública y también en la privada, constituyéndose en medio de comunicación y trasmisión de datos mundiales. Otra ley importante sobre esta materia es el Decreto de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, contempló el uso de las mismas, la cual define el mensaje de dato. La firma electrónica permite al usuario identificarse en internet; garantizar la autoría, la integridad del mensaje y establecer el no repudio de la transacción o de los mensajes electrónicos que haya generado un usuario en particular. Mediante el uso de la firma electrónica, el usuario se encuentra en capacidad de firmar correos electrónicos y documento electrónicos en varios formatos, lo cual ofrece la oportunidad de maximizar las gestiones de instancias públicas y privadas, cimentando entre otros, los elementos constitutivos del gobierno electrónico y comercio electrónico. El “Mensaje de Dato” creado e intercambiado con firma electrónica o certificado electrónico a tenor de lo hasta ahora expuesto, reviste de plena prueba respecto de su contenido y de su origen, lo cual permite ofrecer mayores niveles de aseguramiento de las transacciones, aportando mejores mecanismos de control que propendan a una mayor economía, seguridad y transparencia de las transacciones electrónicas en general. Bajo este mismo principio, la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas definió como “Mensaje de Dato” a: Toda información inteligible en formato electrónico o similar que pueda ser almacenada o intercambiada por cualquier medio”. El tratamiento asignado al dato bajo los presupuestos del Decreto de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, establecen una definición amplia y no especializada del dato como elemento constitutivo de valor económico y legal en el escenario actual de las transacciones electrónicas. De más vieja data el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos y Entes del Estado G.O 39.945 de fecha 15 de junio de 2012 y la Ley sobre la protección a la privacidad de las Comunicaciones, GO 34.863 de fecha 16 de diciembre de 1991, referida da a la inviolavilidad de las comunicaciones telefónicas, la cual se sugiere su reforma por encontrarse aún vigente a tenor de lo publicado por la página de la Asamblea Nacional.
La obtención de datos con carácter obligatorio por parte del Estado en acciones regulatorias de éste como en loa actividad bancaria, empresarial, y en general toda actividad que requiera información personal sobre los usuarios dentro de nuestro país es legal, lo que se pretende con este instrumento jurídico, es que el uso de estos datos sea solo por quienes están autorizados a manejarlos y la prohibición de su divulgación pública, es decir puede ser empleada solo institucionalmente, pudiendo establecerse la obligatoriedad de suscribir un contrato de confidencialidad, so pena de sanciones civiles, penales y administrativas, y excepcionalmente en procesos judiciales para el fin de los actos que revisten tal carácter, dicha data se le puede dar distintas aplicaciones y debe estar conforme a su requerimiento, contemplando limitaciones que el Estado debe tutelar. A través del establecimiento de garantías para el usuario que la suministra, sobre la restricción de su empleo, y en casos muy particulares reservada por contemplo por .la indemindad y la integridad de niños, niñas o adolescentes cuando así sea solicitado por un ente calificado y bajo estricta reserva legal previa verificación de su legitimación para actuar.
En el marco de esta Ley el Estado venezolano debe optimizar los procesos técnicos con miras a la aplicación de las mejores prácticas y estándares que permitan encriptar y garantizar la recuperación ante desastres, que genere la perdida de la información contendida en la base de datos de entidades públicas o privadas. Lo anterior se hace imperante a los fines de prevenir perdidas de información importante para los procesos públicos y los privados vinculados al Estado por las actividades que realizan y que requieren control del mismo. En consecuencia, se hace necesaria e inminente la regulación de las distintas modalidades del Dato y su tratamiento en los procesos de intercambio de información por medios electrónicos, a los fines de garantizar un marco jurídico indispensable que permita a los diversos actores involucrados de los sectores ya tantas veces mencionados, desarrollarse y contribuir con el crecimiento de las nuevas tecnologías dentro de la República Bolivariana de Venezuela y en conjunción con otras leyes que esta Comisión ha creado y presentará para su discusión, vinculadas a las actividades que le son propias como la del Ciberespacio, la Orgánica de Telecomunicaciones,1la de Redes, de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos, la de Comunicación Popular por solo citar las vigentes y las nuevas.
Cabe destacar que la trasgresión ilícita y dolosa se regulado en los supuestos de Ley Especial Contra los Delitos Informáticos, y en el decreto Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas.